Lunes 16 de octubre, día clave también en la Audiencia Nacional para el independentismo catalán. El mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero tiene que acudir de nuevo a declarar y junto a él la intendente de la policía catalana Teresa Laplana, el presidente de ANC, Jordi Sánchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. En su primera declaración no se tomaron medidas cautelares, mañana la jueza Carmen Lamela podría tomar otra decisión porque ahora tiene nuevos informes de la Guardia Civil.
La investigación se centra en lo sucedido frente a la Consellería de economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre cuando miles de personas impidieron durante 20 horas la salida del edificio de los agentes de la Guardia Civil que practicaban registros en el interior.
Se investiga si los Mossos hicieron dejación de funciones y no actuaron ante los requerimientos de la Guardia Civil, también la llamada que aquella noche hicieron a la movilización permanente los máximos dirigentes de la ANC y de Òmnium Cultural.
Ambas acciones podrían ser constitutivas de un delito de sedición, penado hasta con 15 años de cárcel y esta vez, a diferencia de su primera declaración el 6 de octubre, la magistrada Carmen Lamela cuenta con un extenso informe de la Guardia Civil que conecta aquellos hechos con la actuación de los Mossos el 1 de octubre. Documentación en la que se apunta a los mandos de la policía autonómica, junto a los líderes de las asociaciones independentistas, como parte fundamental del plan del Govern para alcanzar la independencia.
En los registros que se produjeron aquel 20 de septiembre por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la Guardia Civil se encontró dos folios manuscritos, sin firmar y en un sobre abierto con posibles planes de contingencia en materia económica en dos posibles escenarios tras una declaración de independencia.
Los documentos, que publica hoy La Vanguardia, estaban en el despacho del secretario catalán de Hacienda Lluís Salvadó y en ellos, con lenguaje bélico se exponen dos escenarios. Uno, llamado de Guerra, dónde se reconoce que habría problemas para pagar nóminas y a acreedores y se plantean vías alternativas de financiación como los "bonos patrióticos", además del traslado de cuentas a París, y otro, titulado como de guerrilla en el que se recoge que los fondos de tesorería se acabarían en julio de 2018.
El autor del documento, desconocido, plantea estos escenarios y apunta las posibles acciones que deberían ponerse en práctica si llegaran a suceder.
