La Fiscalía belga solicita información a la jueza Lamela y le pregunta si la extradición de Puigdemont y los cuatro exconsellers podría constituir una infracción de los derechos humanos, porque considera que la confianza mutua, siendo ambos países de la Unión Europea, no es suficiente para aceptar sin más su vuelta para ser juzgados. Requiere información sobre el sistema judicial español y también sobre sus cárceles. Preguntas de todo tipo como las dimensiones de la celda, si hay en prisión acceso a sanitarios y a duchas o si la comida es suficiente y de buena calidad; si serán encerrados en celdas de aislamiento o si podrán recibir la visita de familia y amigos. Preguntas para el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al menos, insólitas. Sobre qué les podría pasar al volver aquí, el fiscal pregunta qué tribunal va juzgarles y si se trata de un tribunal de excepción, como calificó el abogado de Puigdemont a la Audiencia Nacional. Se pregunta, además, cuánto puede durar la prisión provisional. Termina, al final, más preguntas, sobre las leyes aprobadas en el Parlament que después anuló el Tribunal Constitucional. Y la despedida de la Fiscalía belga a la jueza, "con el mayor de los respetos".
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