Se acumulan en el Tribunal Supremo las causas abiertas por rebelión contra el cesado gobierno catalán, es decir, contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el exvicepresidente, Oriol Junqueras; y el resto de exconsejeros. Pero el juez Llarena también asume las causas contra los presidentes de ANC y Ómnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Y mantiene la actuación que ya dirigía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros de la mesa. Entiende que "sólo la intervención coordinada de todos ellos es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión". En cambio mantiene en la Audiencia Nacional la causa contra el ex mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero. Siguiendo el informe de la juez Lamela, entiende que las actuaciones de los Mossos son "participaciones añadidas (...) con independencia de cuál sea su relevancia en el desarrollo natural de los hechos" y están sujetas a subordinación. Es decir, las sitúa en un plano inferior de responsabilidad, aunque esta decisión se podría revisar en el futuro. En total quedan bajo responsabilidad del Supremo la investigación de 22 personas.
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