Raquel, su pareja y sus dos hijos, de cinco años y tres meses, han tenido que abandonar hoy el piso de la Agencia de la Vivienda Social que ocuparon irregularmente hace cuatro años en Móstoles. Llegaron allí tras ser desahuciados por un banco y ahora un juez les ha obligado a marcharse. Aseguran que llevan meses intentando regularizar su situación y años solicitando un alquiler social sin que ninguna administración les haya ayudado. Tampoco han recibido alternativa esta mañana cuando se ha consumado el desalojo a pesar del apoyo de decenas de vecinos que se han concentrado para tratar de impedirlo. La Comunidad de Madrid recuerda que este procedimiento es el legal para recuperar un piso que ha sido ocupado de forma irregular, y que existen 3.700 familias en lista de espera acceder a una vivienda social.
