Mientras los dos principales implicados en la trama cumplen una semana a la sombra la investigación trata de dar luz a la ruta del dinero que presuntamente ocultaban en paraísos fiscales. Dinero de posible procedencia ilícita que Granados y Marjaliza, según sospecha el juez, iban blanqueando. En 2007 David Marjaliza ocultaba cuatro millones en un banco suizo. Los investigadores creen que en complicidad con Granados, ambos movieron el dinero primero a Costa Rica y luego a Singapur para finalmente blanquearlo en España, con vistas a Hacienda, simulando la compraventa de obras de arte. Una operativa en la que Marjaliza ponía un entramado de noventa y una empresas y en el que Francisco Granados aprovechaba su influencia política para conseguir contratas públicas. Granados se hizo con la presidencia de Arpegio, la empresa pública que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid. Las adjudicaciones directas de Arpegio a empresas de la trama ascienden a diez millones de euros. También controló PRISMA, programa regional de inversiones con el que controló setecientos millones de euros en subvenciones. La Guardia Civil investiga esas adjudicaciones.
