La reforma de la Administración que presentó ayer el Gobierno ha provocado, al menos publicamente, reacciones enfrentadas. La reforma, que contempla, un salario máximo de 100.000 euros para los alcaldes, abre muchas interrogantes en los pequeños municipios, que podría pasar a depender de las Diputaciones.Para el alcalde de Salceda de caselas, en Pontevedra, un municipio de 9.000 habitantes gobernado poer el BNG, la reforma supone una invasión de competencias y afectaría a los serivicios sociales. En la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, su alcalde, el socialista Antonio Gutiérrez, el alcalde asegura que es un atentado incostitucional que pretende hacer desaparecer los ayuntasmientos
