En Andalucía, las actuaciones de la juez Mecedes Alaya han llevado ya a la cárcel a siete personas por el caso de los ERES falsos. La investigación cifra ya en 136 los millones de euros que tendrían que haber ido a ayudas a los parados pero que se quedaron en otras manos. Las últimas revelaciones sobre este sumario apuntan a los sindicatos como beneficiarios del dinero desviado ilegalmente. Las organizaciones sindicales no han tardado en responder y en desmarcarse de cualquier actuación irregular. Tanto UGT como CC.OO. se han defendido este domingo de las acusaciones que les implican en el caso del fraude en los ERE y han negado que hayan participado en una "trama corrupta" para lucrarse con los expedientes de regulación de empleo ni en Andalucía ni en España.Los secretarios regionales de CC.OO., Francisco Carbonero, y de UGT, Manuel Pastrana, ha comparecido por separado y respaldados por un miembro de la ejecutiva confederal de ambos sindicatos, para negar que hayan cobrado comisiones ilegales de 4,2 millones por su participación en la tramitación de los ERE fraudulentos, tal como apunta en el último auto la juez encargada de investigar el caso. "UGT no ha cobrado ni legalmente cantidades que se aproximen" a la cifra de la que habla el auto judicial, ha afirmado Pastrana, quien ha destacado que esta central, que es acusación particular en el caso de los ERE, ha actuado con "contundencia" con los miembros del sindicato que se han visto implicados, con expulsiones y despidos. También ha expresado su malestar por el hecho de que a Juan Lanzas, conocido como el conseguidor de los ERE y encarcelado, se le siga presentando como ex sindicalista de la UGT cuando dejó de pertenecer a este sindicato en 2002 y, además, "todas las actividades por las que se le investiga las hizo con posterioridad a su salida de UGT".