La anterior ley de Costas de 1988 las condenaba al derribo en 2018, por estar construídas en dominio público. El Gobierno ha decidido amnistiar a muchas de ellas que fueron construídas antes de esa ley. En total son más de 25 mil viviendas, cuyos propietarios tendrán ahora una concesión por 75 años. Además podrán heredarlas y venderlas. La ley ha recibido críticas de ecologistas y parte de la oposición, que la ven como una forma de consolidar el ladrillazo en nuestras costas. Pero también se quejan territorios que no han logrado la amnistía, como es el caso de Canarias. Varios núcleos levantados hace más de 50 años no han sido incluidos en la lista y serán derribados.
