Falsedad documental... prevaricación... malversación de fondos públicos y fraude. Son los cuatro delitos que el juez instructor del caso Nóos apunta que podrían haber cometido Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y Francisco Camps, ex presidente de la Comunidad.Castro ya había pedido al Tribunal Superior de Justicia que -en su calidad de aforados- asumiera investigarles y su eventual imputación, hoy sabemos el porqué. En los 71 folios de su exposición razonada, Castro analiza unoa uno los contratos que permitieron a Urdangarin y Torres obtener casi 4 millones de euros de dinero público valenciano entre 2004 y 2006. Y no salen bien parados.El juez relata como Nóos se ponía a trabajar antes de la firma de los convenios; da por hecho que estaban previamente pactados (con Barberá y con Camps); dice que ni se rendían cuentas, ni se justificaban gastos, advierte de la "soprprendente celeridad" que llevaban los expedientes.Las contrataciones ( se lee en el auto) no obedecían al interés general, solo al deseo de doblegarse a las exigecias de Urdangarin.Uno de aquellos contratos, según Diego Torres, se pactó en Zarzuela. El juez apunta que fue para causar "impacto psicológico" en las autoridades valencianas.Lo que Valdano calificó como "miedo escénico".
