Todos estaban preparados desde primera hora de la mañana. Más de 200 personas aguardaban a las puertas de la casa para evitar que fuera desalojada. Con la llegada de los agentes de policía se producen los primeros enfrentamientos, que se saldan con tres detenciones. Tras tensos minutos la policía abandona el lugar, pero permanece el operativo de apoyo vecinal para impedir que el inmueble sea derribado.Las tres generaciones de esta familia, que vive aquí desde hace más de 50 años, insisten en que no quieren los 400.000 euros que les ofrece el ayuntamiento por la expropiación de la vivienda, que se halla incluida en un plan de mejora del barrio aprobado hace más de una década. Aseguran que solo reclaman poder seguir viviendo en su casa y esperan que el ayuntamiento rectifique. Pero desde el consistorio se asegura que el derribo de hoy solo se ha pospuesto para garantizar la seguridad de los agentes. Defienden el plan de mejora del barrio y las condiciones en que se ha realizado la expropiación y señalan que han sido los propios afectados los que han renunciado a la posibilidad de ser realojados. No lo quieren, dice la familia, porque no están dispuestos a marcharse de su casa. El ayuntamiento dispone de treinta días para ejecutar el derribo.
