El Gobierno, con mayoría absoluta en el Parlamento, vuelve a usar la crisis como coartada, en este caso para recortar las pensiones.Una reforma que se aplicará ya desde el año que viene y que hasta 2022 prevé pagar 33.000 millones de euros menos en el capítulo de pensiones. Una reforma que no garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, cuyas prestaciones ya no se revalorizarán conforme a la evolución de los precios."Planteamos una propuesta de nueva revalorización de las pensiones con un índice que es más completo y más global, que no sólo tiene en cuenta la inflación, sino también la situación económica de nuestro país en cada momentos", aseguraba la ministra de Empleo, Fátima Báñez el pasado viernes.Si esa situación no es favorable las pensiones, se revalorizarán previsiblemente por debajo del IPC interanual, aunque siempre con un mínimo del 0,25%. Por el contrario, en los momentos de bonanza, podrán incrementarse hasta un 0,25% por encima de la inflación.Y el actual no es precisamente un buen momento. Acabamos de conocer que el déficit público hasta julio fue de casi 54.300 millones, el 5,27% del PIB, cuando el objetivo para todo el año es del 6,5%.Un reforma exigida por Europa que no tiene en cuenta que el gasto español en pensiones, del 10,2% del PIB, está por debajo de la media europea, del 13,5 por ciento.
