Varios centenares de personas se han concentrado este sábado a las puertas del hospital madrileño Gregorio Marañón para reivindicar que todo ser humano tiene derecho a un servicio público de salud. Lo hacen porque hoy entra en vigor la norma que exluye de la seguridad social a casi un millón de inmigrantes en situación irregular que viven en España. Sólo podrán ser atendidas gratuitamente las embarazadas, los menores de edad y los casos que lleguen a urgencias. "El Gobierno no se da cuenta de que tras los recortes hay personas", dice un manifestante. La medida no se aplicará igual en todas partes. Algunas comunidades han anunciado que no cumplirán con el decreto del Gobierno. Son Galicia, Asturias, País Vasco, Catalunya, Andalucía y Canarias. En el resto de autonomías, los inmigrantes tendrán que pagarse de su bolsillo la asistencia sanitaria.
