La ley que obliga a las televisiones a invertir un cinco por ciento de sus beneficios en cine puede ser inconstitucional. Ya lo había dicho el Tribunal Supremo y ahora el Tribunal Constitucional lo estudiará. Desde el principio las televisiones privadas se opusieron, ya que consideraban que esta imposición iba en contra de la libertad empresarial. El auto del Supremo confirma que esta ley restringe la libertad empresarial y añade que la libertad de inversión debe ser ajena a imposiciones forzosas por parte de los poderes públicos, incluido el legislativo. Tanto CIU como el PP apoyan a la asociación de televisiones.
