El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostiene en el auto por el que decretó anoche el ingreso en prisión del empresario Francisco Correa y sus dos colaboradores en la presunta trama de corrupción desmantelada con la 'Operación Gürtel', que dirigían un "conglomerado de empresas" que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio".Para ello, utilizaban "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas cuya identidad y cargos se están investigando". De la misma forma, considera "indiciariamente acreditada" la defraudación fiscal, el movimiento de dinero en el extranjero y la existencia de un entramado de sociedades que colocaba fondos en paraísos fiscales. El grupo estaba liderado por Correa y de él formaban parte "en inmediata relación de jerarquía" su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. Su función "en los últimos 10 años, como mínimo", era, según el juez, "la realización de operaciones y de eventos para captar negocios y por ende fondos en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia". En auto hecho público hoy, el magistrado añade que, según un informe policial correspondiente al pasado día 3 de febrero, Correa "planeaba salir de España el pasado día 7" y estaba realizando gestiones "para obtener la residencia en un país de Centroamérica". Según la resolución judicial, las escuchas a que estaban siendo sometidos pusieron de relieve "el nerviosismo de Pablo Crespo, que dio órdenes a otros miembros de la organización para que escondieran" determinados documentos y restringieran sus llamadas telefónicas.
