Las denuncias de los menores están reflejadas en el informe elaborado por el Defensor del Pueblo. Son 500 folios donde se habla de celdas de aislamiento para los menores, de uso excesivo de fármacos para tranquilizarles y de agresividad desproporcionada. Estos centros son públicos, aunque con gestión privada. En ellos ingresan menores muy conflictivos con trastornos, incluso con patologías psiquiátricas. Las autoridades responsables asumen estas denuncias con escepticismo. Desde el Tribunal Superior de Justicia se reconoce que existen denuncias, pero que hay que tener cautela. El informe habla sobre todo de cuatro centros en diferentes comunidades autónomas. Los gobiernos regionales insisten en que, aunque la gestión es privada, siempre hay trabajadores suyos en el interior que controlan el trato a los internos.
