Madres con bebés sin poder lactar a sus hijos. Mujeres sin derecho a ejercer su sexualidad, sin poder utilizar toallas sanitarias cuando tienen el periodo y tampoco a realizarse exámenes médicos periódicos. Esta es, en resumen, la realidad de las presas que están en los calabozos policiales de Venezuela a la espera por un cupo de traslado a una cárcel.
Aunque los centros de detención preventiva solo tienen capacidad para albergar a personas por un lapso de 48 horas mientras son trasladadas a tribunales, en la práctica el retardo procesal y el hacinamiento carcelario retrasa el proceso que puede superar los tres años.
Un informe presentado este 18 de marzo por la ONG Una Ventana a la Libertad revela cómo en las comisarías venezolanas, que se han convertido en cárceles paralelas, no hay ningún cumplimiento del llamado debido proceso de la población reclusa femenina.
“El debido proceso es absolutamente obviado en la práctica diaria en la vida dentro de las prisiones, cárceles y centros transitorios de detención. La palabra de la ley ha sido devaluada por la práctica abusiva del incumplimiento de las normas, leyes y reglamentos en casi todas las prácticas oficiales, comenzando por el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la problemática de las prisiones y las y los reclusos, las mujeres constituyen 6% del total de las personas presas en el país”, refiere el estudio.
En el informe se especifica que el trabajo fue realizado por el equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad en centros de detención preventiva que están ubicados en 15 estados, bajo la coordinación de la psicóloga social y criminóloga Magally Huggins. La metodología de la investigación fue cualitativa y con perspectiva de género.
Uno de los hallazgos del estudio fue determinar que la principal causa de ingresos de mujeres a las prisiones se debe al tráfico o venta de drogas ilícitas, la segunda es la extorsión y, en tercer lugar, hay casos de internas que aseguran ser inocentes, sin embargo, argumentan haber sido apresadas por la vinculación con sus parejas que sí están implicados en delitos. “Estas mujeres afirman que no solamente ellas, sino muchas de las que se encuentran recluidas en cualquiera de los diferentes centros, son mujeres inocentes inculpadas por su compañero de vida o su esposo, quienes delinquen y las acusan o simplemente las utilizan en especial en el tráfico de drogas, sin su conocimiento o participación voluntaria”.
El coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma explica que el único castigo para las personas que están implicadas en delitos es la privativa de libertad. El experto en derechos humanos advierte que “las mujeres presas en Venezuela están invisibilizadas (…) Todo el mundo se ocupa de los hombres presos y nadie habla de las mujeres presas que están sufriendo de muchas carencias”.
