Un sabor amargo comienza a dejar la campaña electoral, crecen muchos rumores intensamente ya hoy la ex fiscal general Thelma Aldana, participará como candidata presidencial por el partido político finalmente definido que será Semilla, luego de un periplo de opciones ha sido eterno.
La señora Aldana, nombrada por el gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti, terminó encarcelando a Pérez y su equipo en mayo del 2015, bajo acusaciones de actos de corrupción, señalamientos que a estas alturas no han logrado sentencias firmes. No quiere decir que no hayan corruptos allí, simple y sencillamente es que es muy extraño que no se haya logrado nada.
Quienes revisan la historia reciente están claros de algo: aunque la ex fiscal dijo que no contemplaba participar en política, la campaña para convertirla en el ícono de la lucha contra la corrupción no fue casual. De la misma manera, las acciones contra los empresarios que apoyaron candidatos en los procesos previos dentro del marco de la ley y las regulaciones vigentes tampoco obedecieron al interés genuino y legítimo de depurar el proceso e impedir que quienes aportaban fondos para la campaña política, pudieran posteriormente reclamar favores o exigir resarcimiento vía impunidad o clientelismo.
La carrera política de la señora Aldana comenzó mucho tiempo antes. Logró incrustarse en una agenda política que llevó a Guatemala la Comisión Internacional Contra la Impunidad, y que ha potenciado la persecución política contra sectores claramente definidos. Los hoy perseguidos por la CICIG, pueden haber cometido errores, pero no son los únicos ni se les ha comprobado judicialmente que quebrantaron la ley. Fueron sentenciados pública y extrajudicialmente por la campaña de desprestigio que desarrollo la CICIG y sus aliados, porque ellos podían representar un problema para las aspiraciones presidenciales de la ex fiscal.
Ciertamente, todos los ciudadanos tienen derecho a aspirar dirigir la nación. No es criticable esa aspiración. Pero cuando una figura pública busca la notoriedad propia de su puesto para posicionarse en la mente de los ciudadanos, niega oportunamente esa intención y luego se lanza tras la nominación, no queda sino la idea firmemente arraigada, que su actuación pública tenía el perverso propósito de convertirse en un ícono con fines políticos.
La ex fiscal resulta ahora bajo cuestionamiento, porque sus intenciones reales terminan en un señalamiento serio: falto a la verdad y se aprovechó de su cargo para limpiar el camino hacia la presidencia, hecho que bajo esas condiciones resulta ser el máximo ejemplo de falta de escrúpulos y total pragmatismo, algo que no ayuda a la fe ciudadana.
La ex fiscal se aprovechó de su puesto para hacerse de imagen. Hay serias dudas sobre su participación en hechos delictivos que, misteriosamente, están siendo protegidos por jueces afines a su movimiento.
