La Fiscalía General de España pidió prisión para los líderes independentistas catalanes, con penas que varían de los 17 a 25 años, por el delito de rebelión. A lo largo del procedimiento judicial, los fiscales encargados del caso han defendido que la jornada del 1-O hubo violencia en los colegios electorales, abiertos a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Ministerio Público ha señalado varios episodios que valora como violentos para lograr el plan de secesión, entre ellos las concentraciones multitudinarias en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre mientras la Guardia Civil realizaba un registro judicial. Por estos hechos, señala como principales responsables a los líderes de las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. teleSUR
