Madrid, 2 nov (EFE).- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para 7 exconsejeros del Govern, mientras que ha puesto una fianza de 50.000 euros al exconsejero de Empresa Santi Vila para poder salir de la cárcel.
De este modo, la juez asume por completo la petición de la Fiscalía y envía a la cárcel por riesgo de fuga y de reiteración delictiva a Junqueras y los ocho exconsejeros que han comparecido hoy ante la juez, mientras que Vila podrá salir de prisión una vez deposite la fianza de 50.000 euros, han informado fuentes de la Audiencia Nacional.
Además de Junqueras, van a prisión los exconsejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior) y Vila (Empresa), este último hasta que preste la fianza.
La juez ha apreciado alta probabilidad de riesgo fuga porque "tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero".
Alude así Lamela a la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsejeros a Bélgica para los que la Fiscalía ha pedido a la juez que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y las dirija a las autoridades belgas para que pongan a estos cinco investigados a disposición de la Justicia, solicitud que la magistrada aún no ha resuelto.
"En este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido", destaca el auto.
Para evaluar el riesgo de fuga, la juez tiene también en cuenta la gravedad de las penas a la que se exponen los investigados en esta causa porque "a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de huir".
En este sentido el auto recuerda que "los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, quince año de prisión por el delito de sedición, y ocho años" por el de malversación que además "puede ascender a diez años en caso de que se haya producido falseamiento en la contabilidad".
También Lamela observa en su auto un alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las "actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" desde que comenzó en 2015 la andadura del proceso de independencia en Cataluña.
Dice Lamela que los investigados "vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia".
Todos ellos jugaron "un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda cla
