El Parlamento catalán celebra este miércoles un pleno durante el cual se podrían aprobar las llamadas leyes de desconexión.
El objetivo es poder convocar, como ya han anunciado las autoridades catalanas, un referéndum sobre la independencia el 1 de octubre. Una consulta que tanto el gobierno como el Tribunal Constitucional españoles consideran ilegal.
Unas horas antes de este pleno, tanto el presidente español como el catalán recordaban sus posturas:
“Sabían hace mucho tiempo que yo no iba a autorizar el referéndum porque no podía, porque no quería y porque se lo dije con claridad. Pero no les importó. Prefirieron continuar en su camino hacia ninguna parte”, dijo Rajoy.
“En democracia los problemas se resuelven votando en elecciones o en un referéndum. El voto de la gente es el mejor instrumento que tiene un país para poder expresar su opinión ya sea para cambiar las cosas o para dejarlas como están. Las dos opciones son legítimas”, afirmaba Puigdemont.
A modo de última advertencia sobre las consecuencias de lo que pueda ocurrir este miércoles en el pleno, el Tribunal de Cuentas español citaba un día antes a once ex altos cargos del Gobierno de Cataluña, entre ellos el expresidente Artur Mas. Este tribunal les reclama una fianza de 5 millones de euros por el gasto público destinado a la consulta secesionista celebrada el 9 de Noviembre de 2014.
