La oposición de Venezuela designó a 33 supuestos nuevos magistrados, una acción que contó con el quorum de los diputados opositores presentes que según la Constitución venezolana es ilegal e ilegítima. El Tribunal Supremo de Justicia del país declaró nulo el proceso por varios motivos: la Asamblea Nacional se encuentra en desacato, no hay vacantes libres para nuevos magistrados y atenta contra el artículo 213 del Código Penal venezolano que prevé que cualquiera que asuma indebidamente funciones públicas, civiles o militares, estará incurriendo en delito de usurpación grave y podrá ser condenado a pena de cárcel. Además, según el artículo 265 de la Constitución, la elección de magistrados debe estar verificada por el poder ciudadano del país, hecho que tampoco fue cumplido. teleSUR