Las exenciones fiscales de la Iglesia católica en España en materia de educación pueden ser ilegales, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El colegio La Inmaculada, en Getafe, reclamó al Ayuntamiento la devolución de casi 24.000 euros que había pagado en impuestos tras realizar obras para ampliar el salón de actos. La cuestión es saber, como dice el abogado Pablo Pedrajas, si se hacen actividades que no tenga una finalidad estrictamente religiosa: “Especialmente en aquellos casos en que se pueda considerar que la educación que se está llevando a cabo puede constituir una actividad de carácter económico”.
Es caso de la enseñanza preescolar y postobligatoria, no subvencionada con fondos públicos y que pagan las familias. El tribunal europeo ha determinado que un juez nacional tendrá que comprobar el carácter de estas actividades. Antes de entrar en la Unión Europea, España y la Santa Sede firmaron en 1979 un acuerdo por el que la Iglesia se beneficia de algunas exenciones.
