Madrid, 11 may (EFE).- La Audiencia Nacional ha procesado al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, al exvicepresidente José Luis Olivas, al ex consejero delegado Francisco Verdú, a una treintena de directivos, a BFA y a Bankia por la salida a bolsa de la entidad, al entender que se falsearon las cuentas anuales y hubo fraude a los inversores.
Sin embargo, archiva las actuaciones relativas a los organismos reguladores y supervisores, con lo que exculpa al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al exsubgobernador Javier Aríztegui, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y al exvicepresidente Fernando Restoy.
En un auto que transforma las diligencias previas, iniciadas en 2012, en procedimiento abreviado, el titular del juzgado central de instrucción n 4, Fernando Andreu señala que en los años 2010 y 2011 los exresponsables de la entidad falsearon las cuentas e incluyeron datos falsos en el folleto informativo de la salida a bolsa, que se produjo en julio de 2011.
Junto a Rato, Olivas y Verdú, Andreu incluye a 31 personas físicas y jurídicas, entre ellas el que fuera consejero de la entidad José Manuel Fernández Norniella y el socio de Deloitte Francisco Celma, por los informes favorables que elaboró sobre los estados financieros de Bankia, aunque archiva la causa contra la firma auditora.
El magistrado destaca que los socios de Deloitte gozan de autonomía suficiente respecto de la firma, a la que mantiene en la causa como responsable civil, y Celma "incumplió el deber de revelar aquellas irregularidades que podían afectar a los intereses de los inversores".
También ha acordado el sobreseimiento de la causa para los inspectores y técnicos del Banco de España Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello, así como para los exconsejeros de Bankia Atilano Soto y Luis Blasco Bosqued, que no intervinieron en las reuniones del consejo de administración en las que se adoptaron los acuerdos investigados.
Según sostiene el auto, los administradores de BFA y Bankia "aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la entidad".
De ahí se derivó "un evidente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones como para el Estado".
El juez ha querido destacarla especial significación que este tipo de infracciones tiene cuando afectan al interés general, como en el presente caso, ya que "su repercusión en la economía nacional es de tal intensidad que sus crisis pueden afectar seriamente a la estabilidad económica del sistema".
De ahí que haya que proceder contra los miembros del consejo de administración que adoptaron las decisiones, porque su deber era certificar la situación económica de la entidad "mediante la aprobación de las cuentas que se sometían a su
