El polémico decreto rumano para despenalizar la corrupción ha desatado críticas en la Comisión Europea y el Consejo de Europa. En Bruselas, muchas voces se han alzado para reclamar que la Unión Europea presione a Bucarest para lograr la retirada de la medida. Siegfried Muresan es un eurodiputado rumano del grupo del Partido Popular Europeo:
“Tenemos diez días para intentar cambiar las cosas, porque si en esos diez días el propio Gobierno anula su decreto y este no entra en vigor por la fuerza, se evitará el daño al estado de derecho y al poder judicial. Por eso, todos los socios internacionales, la Comisión Europea, los Estados miembros y nuestros socios también del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos, deberían utilizar todos los instrumentos para presionar al actual gobierno para que retire este legislación”.
Por su parte, la eurodiputada rumana Norica Nicolai, del Partido Nacional Liberal, reclama leyes claras para atacar de raíz la lacra de la corrupción:
“La corrupción es un problema en Rumanía, como en otros países de la Unión Europea (...) Hay que tomar medidas, pero por desgracia Rumanía no hace casi nada para prevenir la corrupción (...) Se necesitan leyes claras, leyes que no puedan ser interpretadas a favor de unos o de otros”.
La Fiscalía anticorrupción de Rumanía ha encarcelado desde 2010 a más de 3000 políticos y funcionarios entre ellos, ministros y un exprimer ministro lo que le ha valido elogios de la Comisión Europea. Sin embargo, el decreto del actual Gobierno se considera el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción desde que Rumanía entró en la UE en 2007.
