Es lo que decidió, ayer, la mayoría de los votantes llamados a las urnas para pronunciarse a favor o en contra de un referéndum sobre la nueva ley que autoriza al Servicio de Inteligencia de la Confederación a controlar las comunicaciones siempre y cuando haya amenazas concretas.
Procesos de vigilancia que deberán ser autorizados previamente por una autoridad judicial y refrendados, según ha explicado el ministro de Defensa, por su ministerio y el de Justicia. Para Guy Parmelin, la nueva ley les permitirá responder a amenazas concretas como por ejemplo: luchar contra el terrorismo, el espionaje, los ataques contra infraestructuras vitales o luchar contra el tráfico de armas químicas y biológicas.
El Partido Socialista y los Verdes, que auspiciaron la campaña contra la iniciativa, lamentaron en un comunicado que “haya ganado el miedo”. Las nuevas medidas de vigilancia que van desde pinchar teléfonos o verificar correos electrónicos en un país en el que las autoridades solo podían usar información que fuera pública u obtenida de otros servicios de inteligencia han sido aceptadas en un clima de tensión debido a los ataques terroristas sufridos por sus vecinos.
