Mientras los estudiantes chilenos salen a las calles por decenas y centenares de miles en demanda de educación pública, gratuita y de calidad, el Gobierno, los parlamentarios y la Policía los acusan de ser responsables de actos de violencia protagonizados por grupos de encapuchados no identificados con ninguna fuerza social o política del movimiento estudiantil.
En las últimas semanas, los encapuchados han generado impactos espectaculares, como la destrucción de una figura de Jesús, extraída de una iglesia; un incendio que provocó la muerte de un anciano guardia, y la destrucción de infraestructura durante la toma de uno de los liceos más antiguos y prestigiosos del país, que fue acompañado de amplia cobertura mediática y un mensaje homogéneo de parte de todos los sectores de poder, que buscan la prohibición de las manifestaciones sociales.
El Gobierno y la Policía demandan que los propios estudiantes se encarguen de aislar y reprimir a los encapuchados, lo que podría llevar a batallas campales entre jóvenes, que no tienen conocimientos ni atribuciones para ejercer funciones policiales. También llaman a los padres a impedir que sus hijos participen en el movimiento estudiantil.
Es conocida la presencia de infiltrados provocadores entre los estudiantes. Policías de civil han sido sorprendidos en numerosas oportunidades incitando a la violencia. También se ha constatado que la Policía deja actuar a los encapuchados, que nunca están en el medio de las marchas (son generalmente rechazados por los estudiantes), y solo interviene cuando ya hay una situación grave.
Indefectiblemente, la intervención policial no va contra los encapuchados, sino contra el grueso de los manifestantes. Situaciones muy parecidas se han observado en muchos lugares, como Quebec (Canadá), Grecia y Francia, donde las manifestaciones de trabajadores contra los planes laborales del Gobierno han sido duramente reprimidas.
