Ante la cercanía de la sanción de la Unión Europea por los incumplimientos de déficit en 2015 y con las extendidas dudas de los socios comunitarios sobre la credibilidad presupuestaria española, Mariano Rajoy no ha esperado ni siquiera a la formación de un Gobierno para incumplir ya sus promesas electorales.
Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, se ha comprometido con Bruselas a adelantar a julio el cierre de los presupuestos generales de Estado de 2016, como estrategia para controlar el gasto público, lo que implica que habrá que ejecutar las cuentas al pie de la letra sin incurrir en gastos extraordinarios.
Según ha trascendido, dichas medidas incluyen la subida de los anticipos que las grandes empresas pagan a cuenta del impuesto de sociedades. De lo que aún no se habla es de cuál será el impacto de esa respuesta al Club de los 27 para el empleo público, que ha sido uno de los sectores laborales más castigados por el Gobierno de Rajoy, ya que la administración ha perdido casi 170.000 empleados desde 2012.
No es de extrañar, que la tendencia a la privatización de los servicios públicos siga siendo la hoja de ruta ante un posible nuevo Gobierno del Partido Popular.
Invitados:
Javier Martínez, economista y analista político.
Eduardo Garzón, economista.
Ricardo Palomo, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
César Sinde, periodista.
