Madrid, 19 may (EFE).- El Gobierno ha prohibido a los asistentes a la final de la Copa del Rey que disputarán el domingo el Barça y el Sevilla en el Vicente Calderón introducir banderas 'estelades', una decisión que ha motivado la protesta de la Generalitat, cuyo presidente, Carles Puigdemont, ha anunciado que no irá al partido.
El Ejecutivo ha decidido no permitir la exhibición de las banderas independentistas catalanas al entender que la ley del deporte prohíbe este tipo de símbolos, según han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.
En concreto, la ley contra la violencia en el deporte prohíbe "la exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo".
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha argumentado que el fútbol no tiene "que convertirse en escenarios de confrontación política".
Pero la medida ha soliviantado a la Generalitat, hasta el punto de que Puigdemont ha anunciado que no asistirá a la final por una "grave vulneración del derecho de expresión de miles de catalanes".
Ha recordado el presidente de la Generalitat que la 'estelada' es "perfectamente legal y democrática" y es una bandera "sostenida en las manos de millones de catalanes" que ven en ella "un símbolo de libertad".
En una línea similar, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha tildado de "incomprensible" la decisión de prohibir una bandera "plenamente democrática".
Más allá ha ido el diputado de ERC Joan Tardá, quien se ha mostrado partidario de que el Barça no dispute el partido ante el ataque a la libertad de expresión de los catalanes.
El Barça, por su parte, ha asegurado en un comunicado que considera que "esta decisión es un atentado a la libertad de expresión, un derecho fundamental de todo individuo a expresar ideas y opiniones libremente y sin censura, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos", añade el comunicado.
La decisión ha despertado dudas en juristas y sindicatos policiales, que cuestionan su encaje legal y ven además de difícil aplicación una medida que puede fomentar lo contrario de lo que se pretende.
Declaraciones del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catlá, del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del portavoz del FC Barcelona, Josep Vives
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