El Gobierno venezolano ha anunciado una serie de medidas para frenar la Ley de Amnistía y Reconciliación, aprobada hace 10 días por la mayoría opositora del Parlamento.
El presidente, Nicolás Maduro, ha solicitado al Tribunal Supremo que declare “inconstitucional” esta norma que beneficiaría a los presos políticos.
Maduro ha asegurado que no descarta acortar el mandato de los legisladores a solo dos meses y ha anunciado la creación de una comisión de la verdad que investigue la violencia desatada en las protestas de 2014 que llevaron a varios opositores a la cárcel.
Con la Constitución en la mano, un grupo de opositores ha pedido al Consejo Nacional Electoral que entregue los formularios necesarios para dar inicio al referendo revocatorio con el que pretenden adelantar la salida del gobierno.
