5 años después de que la Constitución Política fuera aprobada en un referéndum. Desde entonces, las expectativas de reforma y cambio han variado.
El Estado -definido como garante de un conjunto de derechos individuales, colectivos y de la naturaleza- ha estructurado políticas ambiguas: redistributivas por un lado, basadas en un fortalecimiento de un modelo de Estado de bienestar; y extractivas-primario exportadoras por otro, basadas en el incentivo para incrementar la explotación petrolera y el control de sus ingresos, aparte del aumento en el cobro de tributos.
Aunque la producción petrolera representa sólo el 12-13% del PIB, constituye la fuente principal de ingresos fiscales.
La apertura a capitales ligados a las industrias extractivas, de petróleo, cobre u oro -sean de origen chino, bielorruso o de otros países latinoamericanos como Brasil, Chile o Argentina-, ha marcado buena parte del accionar económico del gobierno, con el consiguiente riesgo e impactos a la integridad territorial y cultural de varios pueblos indígenas, y a la incertidumbre generada en torno a la vigencia real de los amplios derechos colectivos consagrados en la Constitución.
