Las organizaciones sociales y civiles de varias regiones del sur de Perú están en pie de guerra contra el proyecto minero Tía María, motivo de las protestas en la provincia sureña de Islay.
Por el momento ya han conseguido que la operadora Southern Cooper anunciara una “pausa” de 60 días en la ejecución del polémico proyecto, a pesar de que previamente el presidente Ollanta Humala había dicho hubiera descartado suspensión alguna por parte de su Gobierno.
Los ciudadanos de la provincia de Islay comenzaron el pasado 23 de marzo una huelga indefinida y por el momento al menos tres personas han muerto en enfrentamientos con la policía. Además han acordado paralizar las labores en todo el sur del país los próximos 27 y 28 de mayo.
Luis Esteban G. Manrique, analista internacional y periodista de Infolatam, hace un análisis personal y recuerda que “yo soy de aquella zona y la vida ha cambiado mucho. La contaminación industrial ha cambiado el entorno, al igual que las empresas de extracción minera.”
Luis Fernando García, analista político, es tajante y defiende al Gobierno “el que haya heridos y muertos es inadmisible. Pero la idea es mantener el estado de derecho en todo el país. Hay unas normas y unas reglas que cumplir.”
Andrés Robles, miembro de la Asociación Tierra y Libertad, considera que “habría que cuestionar los métodos de inversión del Perú, son métodos donde no se escucha a la población y se hace lo que quiere la empresa sin tener en cuenta a los ciudadanos.”
Walter Herrera, activista social peruano, recuerda que “el Gobierno empezó una ley minera, pero que se ha quedado a mitad, eso es algo que hay que terminar para que haya soluciones para todas las partes.”
