Un sector que empieza a manifestarse en el litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entre Chile y Bolivia, nación que pide acceso soberano al mar, es el ciudadano, el cual en redes sociales manifiesta que el gobierno de Michelle Bachelet defiende los intereses marítimos de cuatro empresas privadas —que controlan el 90 por ciento de la pesca— cuyas ganancias anuales ascienden a 740 millones de dólares. teleSUR