La sociedad panameña está conmocionada por los sucesos que se han dado a conocer sobre corrupción en los manejos de fondos públicos de algunas entidades del Estado, por parte de funcionarios de la administración de Ricardo Martinelli, quien a su vez ha manifestado desconcierto y desaprobación en repetidas ocasiones.
Los ciudadanos se han pronunciado a través de diversas figuras, que confluyen en una misma sospecha: la destitución del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, la prisión preventiva para el exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén y las investigaciones en marcha al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, son solo la punta del iceberg en cuya base se encuentran vinculadas las más altas esferas políticas de la administración pasada.
La idea de convocar una Asamblea Constituyente, que sirva para rediseñar los cimientos de la administración pública, también vuelve a discutirse en diferentes ámbitos, con opiniones encontradas acerca de si debería ser originaria o paralela, viéndose la sociedad panameña ultrajada en la forma de proceder impune que evidencian las investigaciones preliminares dadas a conocer por Oficina Anticorrupción del Ministerio Público.
