En la marcha participaron representantes de las poblaciones que se verán afectadas por las expropiaciones previstas en la ley que concede la explotación del canal a la firma china HKND. Las obras comenzarán el 22 de diciembre.
“Si les dejamos hacer las cosas a su manera autoritaria al gobierno, no estaremos protegidos en el futuro de manera jurídica”, se queja Eliseo Núñez.
“No queremos chinos en nuestro país porque van a entorpecer nuestra economía, y nosostros somos ya muy pobres, tenemos hambre”, comenta Eliezer Medrano.
El proyecto consiste en construir un canal tres veces más grande
que el de Panamá, con una longitud de 278 kilómetros, más otros proyectos, por un costo calculado en 50.000 millones de dólares.
