La Fiscalía investiga la atribución a extranjeros de unos visados
especiales creados en 2012 por el Ejecutivo portugués con el objetivo de fomentar la inversión foránea en el país en un momento de crisis.
Entre los arrestos figuran altos cargos del Estado luso como el
director nacional del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF),
Manuel Jarmela Palos o estrechos colaboradores del ministro de Justicia, como la secretaria general de dicha cartera, Maria Antónia Anes.
Los denominados “Visa Gold” garantizan la residencia a todo ciudadano extranjero que transfiera un millón de euros a Portugal, que cree al menos diez puestos de trabajo o compre inmuebles por un valor mínimo de 500.000 euros. El 80% de los 1.600 permisos de residencia concedidos en los dos últimos años fueron otorgados a ciudadanos chinos. El documento permite circular libremente por el espacio Schengen.
