El examen preliminar a raíz del abordaje del buque turco Navi Mármara, ha terminado. Para la fiscal del alto tribunal de Naciones Unidas (ONU) con sede en La Haya el caso no reviste una gravedad suficiente como para justificar una investigación formal: “He concluido que hay una base razonable para creer que se cometieron crímenes de guerra bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en uno de los barcos, el Mavi Mármara, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel interceptaron la Flotilla de la Libertad de Gaza el 31 de mayo de 2010”, explicó la fiscal Fatou Bensouda.
Los hechos provocaron la muerte de nueve activistas durante el ataque y de una décima persona en el hospital, tras pasar cuatro años en coma. La organización humanitaria que fletó el barco y que representa a los familiares de las víctimas apelará la decisión: “La Corte Penal Internacional también tiene jurisdicción y vamos a apelar. Por primera vez alguien va a objetar una decisión de la Corte Penal Internacional”, anunció el presidente de la Fundación para Derechos Humanos y Libertad y Ayuda Humanitaria (IHH), Bulent Yildrim.
Por su parte, el Gobierno israelí ha valorado positivamente la decisión de la CPI aunque mantiene sus reservas sobre algunos de los razonamientos jurídicos y declaraciones “imprudentes” expuestos por la fiscal, según el ministerio de Exteriores.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, que supuso la creación de la Corte Penal Internacional, la competencia de este tribunal se circunscribe a crímenes de guerra cometidos a gran escala, ejercidos con un plan o que persigan un objetivo político.