Esta exigencia de la población y del Fondo Monetario Internacional deberá ser aprobada antes de las elecciones del 26 de octubre.
El texto obligará a los funcionarios públicos a publicar sus ingresos y activos. Una nueva oficina anticorrupción se encargará de investigar las posibles violaciones.
El primer ministro ucraniano dijo que “la ley permitirá saber con detalle quién posee qué en Ucrania”. Al mismo tiempo, explicó se podrán pedir cuentas a antiguos funcionarios públicos aunque se encuentren en el extranjero, una clara alusión al expresidente Víktor Yanukóvich y sus aliados.
Cientos de ciudadanos se han acercado hasta las inmediaciones de la Rada para exigir que los diputados no se queden a medias y lleven la ley hasta sus últimas consecuencias.
Oleksiy Khmara, miembro de Amnistía Internacional: “Los parlamentarios no están preparados para llevar a cabo un paso tan decisivo. Estoy seguro de que van a intentar modificar el texto para empeorarlo. Así que el voto de hoy es solo una victoria a medias.”
A todos aquellos ministros que han desertado este martes la Rada o han votado en contra de la ley les esperaba una buena reprimenda ciudadana. Los activistas han colgado sus caretas en un muro y les han lanzado tomates.
