En España, el Tribunal Constitucional (TC) ha acordado suspender todos los preparativos que se lleven a cabo para la consulta del 9 de noviembre en Cataluña. En la misma providencia, se da traslado de la demanda y del recurso del Gobierno a la Generalitat, para que ésta se persone en el proceso y formule, si quiere, las alegaciones que considere convenientes. El Govern tiene un plazo de 20 días.
Previamente el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en una declaración institucional, había culpado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, de ser el culpable de las graves consecuencias de su “procedimiento ilegal" y de la "frustración" que sentirán quienes todavía confían en que el referéndum se celebre el 9 de noviembre.
Por su parte, el presidente catalán ha tildado de "hostil" la actitud del Gobierno español al recurrir la consulta y ha criticado que el presidente del TC reúna el organismo a "velocidad supersónica" para frenarla.
Para Miguel Urbán, miembro de Izquierda Anticapitalista (IA), a esta situación se ha llegado, ya que “el pueblo catalán ha mandado varios signos de querer tener una relación con España de una manera diferente. El problema es la sordera generalizada del Estado español”.
A su vez, Ramón Soldán, coordinador del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se muestra categórico al señalar que “los catalanes están convocados y el pueblo de Cataluña decidirá”, a pesar de los intentos ante los tribunales que intente el Gobierno de Mariano Rajoy.
