Hong Kong es una Región Administrativa Especial desde julio de 1997, cuando el Reino Unido cedió la soberanía de la isla a China. Desde entonces, tiene un estatuto muy particular definido por una ley fundamental que hace las veces de Constitución y se basa en el principio de “un país, dos sistemas”, con una amplia autonomía y su propia organización política, judicial, social y económica. Además de ser un importante centro financiero internacional, el puerto de Hong Kong es el segundo de China y el tercero del mundo.
Pekín ha prometido que mantendrá su ley Fundamental hasta al menos 2047, cuando se cumplan 50 años de la transferencia de la soberanía.
Los acuerdos bilaterales contemplan el desarrollo de la democracia y la elección del jefe del Ejecutivo por sufragio universal directo en 2017, pero las autoridades comunistas de Pekín han decidido cambiar las normas. Ahora exigen que los candidatos en liza pasen la criba de un comité pro Pekín. Un criterio arbitrario para la mayoría de la población, que se ha manifestado masivamente contra la medida.
El debate sobre la reforma electoral propuesta por Pekín ha abierto la espita de las exigencias prodemocráticas en la isla: primero fue la huelga de los estudiantes, después vino la ocupación del distrito financiero, y de la sede del Gobierno. Pero la movilización continúa, advierten los líderes de “Occupy Central”:
Benny Tai, líder del movimiento Occupy Central:
“El futuro del movimiento democrático de Hong Kong cobrará una relevancia especial después de la principal acción de desobediencia civil en Hong Kong, en la historia de Hong Kong. Creo que todos los ciudadanos tendrán tiempo de pensar en ello. Pero de una cosa pueden estar seguros: nunca nos daremos por vencidos en la lucha por la democracia en Hong Kong”.
Los hongkoneses exigen democracia y Pekín refuerza su censura sobre las redes sociales sin una estrategia definida sobre cómo abordar su mayor desafío político desde las manifestaciones en la plaza de Tiananmen en 1989.
