Las autoridades alemanas se defienden de las acusaciones de negligencia y aseguran que habrá un control más férreo. El escándalo hecho público gracias a la filtración a un periodista de imágenes de abuso a demandantes de asilo en un centro de acogida de la localidad de Burbach ha puesto de manifiesto las carencias del sistema, que encarga a empresas privadas su gestión, incluyendo la seguridad.
La investigación se ha ampliado igualmente a otro centro en Essen, donde también se sospecha de malos tratos, después de que un parte médico de uno de los acogidos evocase esta posibilidad.
La policía no descarta la hipótesis de una motivación racista. Entre los contratados por los responsables de seguridad, cuya empresa esta al cargo de ambas instalaciones, había dos personas con antecedentes penales.
Renate Walkenhorst, de European Homecare, organización privada a cargo de la gestión de los centros que subcontrató a la compañía de seguridad, justifica las decisiones de su empresa: “A veces estás obligado a contratar a gente que no conoces al 100% de primeras, gente a la que tienes que supervisar, porque apenas tuvimos cuatro días para para poner en marcha el refugio de Burbach”.
El ministro de Interior alemán, Thomas de Mazière, ya mostró hace unos días su disconformidad con el plan de reparto de refugiados de la Unión Europa, argumentando que un número reducido de países asume la mayor parte de la responsabilidad. Una postura que contrasta con su inmovilismo cuando el pasado verano fue Italia la que pidió un mayor compromiso europeo para atajar la llegada de inmigrantes a sus costas.
