La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el pasado 29 de mayo condena, por primera vez, al Estado de Chile por violaciones a los derechos humanos contra los mapuches.
La sentencia recaía en el caso Norin-Catriman, Pichun y otros versus Chile, que pone en tela de juicio la aplicación de la Ley 18.345, conocida como antiterrorista, que busca criminalizar la protesta social.
Para los mapuches, Chile sigue en flagrante violación de las normativas.
Los mapuches apuntan al modelo económico, como el origen de su problemática.
De acuerdo a los expertos, la crudeza de la legislación chilena es, desproporcionada.
Desde diferentes flancos surge la solidaridad con los afectados.
Existe una complejidad en la aplicación de las normativas internacionales exigidas a Chile.
Para avanzar hacia un nuevo trato con los pueblos originarios, los mapuches coinciden en la eliminación de normativas que datan de la dictadura militar, como la Ley antiterrorista, la que no tendría cabida dentro de un sistema democrático.
Manuel Arismendi, Temuco
