Los gobiernos europeos intentan regular el controvertido servicio Uber, que pone en contacto a usuarios con conductores y es denunciado por los taxistas. En Francia, la Asamblea Nacional tiene que aprobar esta semana una ley en la que se prohibe que esta aplicación utilizada con los teléfonos móviles inteligentes ponga en contacto a conductores no profesionales. En Alemania, un tribunal de Fráncfort ha vuelto atrás en su prohibición inicial para todo el país y ahora se da más tiempo para tomar una decisión. Actualmente, Fráncfort, Berlín, Múnich, Hamburgo y Düsseldorf.
“Durante un tiempo, al menos, puede favorecer a los clientes debido a la gran competencia”, reconoce a Euronews Gerd Lottsiepen, portavoz de la organización alemana de usuarios de transportes públicos Verkehrsclub Deutschland. “Cuando funciona, Uber es más barato que los taxis. Pero la pregunta es si un sistema como éste es sostenible. Una movilidad sostenible quiere decir que los conductores poseen vehículos limpios y seguros. A los taxistas, los que trabajan para una compañía, es más fácil imponerles unos estándares”.
La empresa estadounidense Uber ideó esta aplicación el año 2009 y, desde entonces, se ha extendido por más de cuarenta países y unas doscientas ciudades.
En Europa, está presente en unas 25 ciudades y 13 países. El único donde se considera legal, pero está pendiente de una ley, es el Reino Unido. A la espera, en Londres los servicios vía esta aplicación telefónica se contratan sólo con conductores profesionales.
Pero los taxistas en todas estas ciudades se están movilizando contra lo que consideran un intrusismo profesional, por parte de conductores de turismo que no poseen la correspondiente licencia. En Francia, por ejemplo, la nueva ley impide que los vehículos de transportes con chófer se puedan quedar buscando nuevos clientes y les obliga a volver a su base. Uber acaba de anunciar que, además de París, Lyon y Lille, también se extiende a Toulouse, Burdeos y Niza.
En España, la única ciudad donde oficialmente opera Uber es Barcelona aunque las protestas ya se han extendido a Madrid. Tampoco hay una ley española específica, pero el ayuntamiento de Barcelona ha ordenado ahora a la policía municipal que controle a los conductores de turismos y les imponga una multa de 4.000 euros si se confirma que han sido llamados por Uber.
