La situaión es confusa. El Gobierno argentino no ha conseguido un acuerdo con los denominados fondos buitre, que reclaman el pago de 1.500 millones de dólares, pero asegura que tiene el dinero y la voluntad de pagar.
La agencia de calificación Standard & Poor’s, por su parte, ha rebajado la deuda del país a la categoría de “cese de pagos selectivo’, lo que significa que no afecta a otros acreedores, pero puede suponer el paso previo a una suspensión de pagos.
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, insiste en que sí hay solvencia:
“Argentina pagó, tiene plata (dinero), va a seguir pagando en los próximos vencimientos porque quiere hacerlo y porque está en disposición. ¿Cómo alguien puede decir que hay una cesación de pagos declarada por un juez? Es a él a quien le atribuimos la responsablidad, al juez Griesa”.
Kicillof mantiene que sigue dispuesto a “dialogar para encontrar un consenso, aunque respetando siempre los intereses y la ley de Argentina y los argentinos y las condiciones de los canjes de 2005 y 2010.
Esta es la segunda vez que Argentina entra en una suspensión de pagos después del masivo ‘default’ de 2001 que dio lugar al ‘corralito’. Aunque en esta ocasión se trate de una cesación de pagos efímera, que se puede resolver por la vía judicial, muchos expertos creen que tendrá consecuencias para el ciudadano de a pie y para la credibilidad de los mercados.
