Durante los dos períodos gubernamentales del ex presidente Álvaro Uribe, la violación de los Derechos Humanos de los colombianos alcanzó niveles alarmantes.
La persecución a los opositores, el asesinado de defensores, líderes comunales y sindicalistas presentó durante esos ocho años cifras que no se habían alcanzado antes en un país con una consuetudinaria violación de los Derechos Humanos.
Durante los cuatro años que van del gobierno recientemente reelecto de Juan Manuel Santos, muchas cosas han cambiado en este sentido.
Muchas violaciones que antes eran sistemáticas dejaron al menos de ser una política de estado.
Sin embargo, el paramilitarismo sigue actuando en muchas regiones, en connivencia con sectores del Ejército, y periodistas, líderes y luchadores sociales siguen perdiendo la vida en el ejercicio de sus actividades.
Los intereses económicos de las grandes empresas nacionales y extranjeras siguen estando en el centro de muchas de estas violaciones.