Hay sectores en Venezuela que no aprenden la práctica democrática. Que consideran que este país no ha avanzado políticamente. Que el pueblo carece de conciencia acerca de lo que es el estado de derecho, el respeto a la constitución y a la ley.
* Los personajes que dirigen esos sectores, por muchos títulos que tengan, por mucho nombre que posean, por mucha consagración que exhiban dentro del conglomerado social y por mucha experiencia que dicen tener porque actuaron en pasadas etapas de la vida nacional, se niegan a aceptar que el país cambio. Que la noción que ellos conservan de la política es inactual porque está sustentada sobre criterios que atribuyen privilegios a sectores de la sociedad caracterizados por el desprecio al pueblo, al cual niegan cualidad para participar.
* De cierta manera es en torno a esa contradicción que gira gran parte del debate nacional, de las tensiones que existen en la sociedad, de la violencia a la cual se aferran los que quieren conservar privilegios. Ejemplo: esos sectores no admiten que la actual legalidad debe ser respetada al igual de la que ellos defendieron en el pasado. Que la constitución, que es guía de la nación, tiene que ser respetada integralmente y permanentemente, y no de manera circunstancial. Para ser más concreto en lo que quiero expresar, que la estabilidad de un gobierno surgido de la voluntad popular expresada a través del voto, es sagrada, para decirlo de alguna manera. Que es inaceptable concurrir a procesos electorales democráticos, libres, insospechables de fraude, para luego desconocer sus resultados y promover en las calles la violencia.
* Pero hay algo más: la pretensión de esos sectores inadaptados, empeñados en alcanzar el poder a través de la violencia, plantean que el gobierno legítimo no se defienda; que las acciones para resguardar el orden público son las mismas practicas represivas de la cuarta república; que pretenden que la fuerza pública permanezca de brazos cruzados frente al asesinato por francotiradores de policías y guardias nacionales; o que se inhiban cuando se queman universidades, centros asistenciales, se ataca al metro y al transporte público, o cuando un maternal con ochenta niños es objeto de una brutal agresión. Es decir, que ante tal situación no haya reacción lo cual es algo inaceptable ¿es que acaso la apología de tales actos, la desfachatez de considerarlos expresión del derecho a manifestar, no constituye delito?
* Semejante visión es intolerable. Tales prácticas tienen que ser condenadas sin ambigüedad y combatidas con energía por el estado. La administración de justicia tiene un importante papel que cumplir, consistente en sancionar a los responsables, lo cual no significa que la justicia esté al servicio del gobierno. Lo está, sí, al servicio del estado, de la paz pública, de la mayoría nacional que quiere tranquilidad para vivir y trabajar. No se trata de que el gobierno debe defenderse: es que está obligado a hacerlo en
