Cientos de miembros de esta minoría, que alcanza el 12% de la población de esta región autónoma de mayoría rusófona, han salido a las calles de Simferópol para intentar detener lo que parece inevitable: una consulta popular que goza de todo el respaldo del Kremlin, dispuesto a recibir con los brazos abiertos a la península.
Al igual que defiende el nuevo gobierno de Kiev, para los tártaros, el referéndum es “ilegal”. “Somos parte de Crimea, que siempre ha sido, es y será parte de Ucrania. No necesitamos a Rusia, no necesitamos su ayuda ni su protección. No necesitamos que nadie nos proteja”, decía una de las presentes.
La aversión tártara por Moscú tiene su origen en las deportaciones ordenadas por Stalin con motivo de la II Guerra Mundial, como represalia por la decisión de muchos de ellos de alistarse al ejército alemán para combatir contra el comunismo.
En la actualidad, la minoría ha denunciado que algunos rusos han empezado a marcar las casas dónde viven miembros de esta comunidad, como si se tratase de la preparación para una futura purga.
La consulta popular tiene previsto celebrarse el domingo pese al rechazo de Kiev y gran parte de la comunidad internacional, que sigue denunciando el despliegue de soldados rusos en la zona. Moscú por su parte asegura que no tiene intenciones de tomar el territorio, sino de garantizar la seguridad de los ciudadanos rusos presentes en Crimea y el resto de Ucrania.