Su aprobación ha sido objeto de enfrentamientos entre diputados en el Parlamento. A falta de la firma presidencial, la nueva ley autoriza al ministro de Justicia a modificar la composición del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, el más alto organismo del estamento judicial.
La oposición acusa al primer ministro Recepp Tayipp Erdoğan de acabar con la separación de poderes.
Considera además que esta reforma es un intento de frenar las investigaciones por corrupción que han llevado a la dimisión de cuatro de sus ministros y que comenzaron en diciembre con la detención de varias personas, incluyendo a los hijos de tres miembros de su gabinete.
Los arrestos, según Erdogan, forman parte de un intento de golpe de estado de los poderes occidentales y el movimiento encabezado por el clérigo Fethulá Gulen.
Desde entonces el pulso de Erdogan con la policía y los jueces es evidente. Desde diciembre se han sucedido varias manifestaciones contra la corrupción política en respuesta a las decisiones tomadas por el Gobierno de reubicar o degradar a varios agentes y jueces.
