A Silvia, italiana, que se dedica a la música, se le han cerrado las puertas para vivir en Bélgica. La Oficina de Extranjería belga retiró el año pasado el permiso de residencia a miles de europeos como Silvia porque no cumplían con los requisitos exigidos y suponían una carga para las arcas de la Seguridad Social belga. Tiene un hijo pequeño y se quedará en el país al menos hasta que termine el curso escolar.
“Me dijeron que estaba trabajando con un contrato de inserción profesional, entre comillas, y que el Estado financiaba el 30%. Entonces consideraron que eso costaba muy caro al Estado y esa es la razón principal del aviso de expulsión que me dieron”, dice Silvia Gurria.
El Gobierno belga utiliza la directiva europea que indica que las personas pueden ejercer su derecho de residencia pero no suponer una carga para los servicios sociales del Estado miembro de acogida. Españoles, rumanos y búlgaros son los europeos que más recibieron avisos el año pasado. Unos 2.700 ciudadanos.
Desde la Oficina de Extranjería belga defienden que son justos, razonables y respetan siempre la legislación europea cuando toman las decisiones: “Aunque ahora hay más rechazos de permisos de residencia, la jurisprudencia nos da la razón, lo que hemos hecho simplemente es aplicar correcta y objetivamente una legislación europea y nacional”, declara Dominique Ernould.
“Los europeos tienen derecho a ir a otro país de la Unión Europea y permanecer 3 meses sin ningún tipo de obligaciones y también sin derecho a reclamar ayudas durante ese tiempo. Hasta 6 meses si esa persona puede demostrar que está buscando trabajo. Y después no podrá quedarse a menos que tenga medios económicos para mantenerse y disponga de cobertura sanitaria”, explica Mina Andreeva, portavoz de la Comisión Europea.
