Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, señala que la resolución del Gobierno que prohíbe a los registros y notarías autenticar cualquier venta de los inmuebles que fueron intervenidos o expropiados por el ejecutivo alegando una estafa inmobiliaria es una nueva violación al derecho a la propiedad privada y a la libre disposición de los bienes.