La Unión Africana ha pedido a la Corte Penal Internacional que renuncie a las acusaciones del presidente y el vicepresidente kenianos de crímenes contra la humanidad.
Ambos están acusados de organizar y financiar la violencia postelectoral que se desató en Kenia a finales de 2007 y que dejó cerca de 1.300 muertos y más de 600.000 desplazados.
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